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Por ahora, el Fondo Monetario Internacional (FMI) no objetará la proyección oficial negociada y acordada con el organismo, de una inflación anual del 60% para 2023. Esto implica que, al menos hasta que culmine el primer semestre, el porcentaje de crecimiento de los precios que también figura como el estimado en la ley de Presupuesto Nacional para este ejercicio, se sostendrá como la válida para el Fondo. Y que figurará como punto de partida para las negociaciones que comenzarán en breve sobre los objetivos a cumplir durante este año. Ese 60% será, por ejemplo, el dato sobre la evolución de Indice de Precios al Consumidor (IPC) que figurará en el World Economic Outlook (WEO) que el FMI publicará en abril durante la Asamblea Conjunta del FMI con el Banco Mundial (BM) de Primavera, entre la segunda y la tercera semana de ese mes en Washington.
En el primer día de ese evento, el organismo que maneja Kristalina Georgieva publica el WEO, donde figuran las variables económicas de cada país proyectadas para el año. El trabajo, al tener el sello de agua tanto el FMI como del BM, es tomado como válido tanto por el resto de los organismos internacionales como por el sector privado; con lo que lo que figura como proyección es la hipótesis general de trabajo para el mundo financiero y macroeconómico mundial.
Luego, en el segundo evento conjunto del FMI y el Banco Mundial de octubre, las variables pueden corregirse y actualizarse. Sería entonces el momento de verificar si el 60% es válido; y se negociaría el porcentaje final. Mientras tanto, se sostiene para las partes el proyectado del Presupuesto. Durante 2022, por ejemplo, el FMI no tomó como válido el 39% que el Gobierno proyectada a comienzos de año, pero sí negoció con Massa y su equipo un 95% final, dato que se publicó en el WEO de octubre; y que finalmente coincidió con el 94% definitivo. Siguiendo esta lógica, el hecho de que el Fondo coincida en que el 60% es aún lograble, representa un cierto apoyo a la estrategia del Ministerio de Economía para reducir la inflación durante este año.
La meta del 60% fue además ratificada en las últimas horas por el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein quién, con los datos del 6% de enero sobre la mesa, publicó un análisis donde se ratificaba el porcentaje estimado en el Presupuesto y compartido con el FMI. Aseguraba el funcionario que la velocidad de incremento anual de los precios se moderará durante el resto de 2023 y que la base casi segura de 15% de alza del primer trimestre irá moderándose desde abril en adelante. Si bien entró en zona de riesgo la posibilidad del 3% proyectado para el inicio del segundo trimestre del año, si ese nivel de alza se logra hacia comienzos del segundo semestre, el 60% es un objetivo posible. O por lo menos, defendible. Más si se sostiene en el tiempo el guiño del FMI.
Desde el miércoles, los funcionarios argentinos y los técnicos del fondo cruzan datos para ponerse de acuerdo en la foto final del 2022; sabiendo las partes que las metas pactadas y obligatorias se cumplieron. Pero como muchos de los compromisos que figuraban en la categoría de objetivos (horizontes que el país debía lograr pero que no implicaban la caída del acuerdo) no se consiguieron; se deberá resolverse en estas jornadas de negociación si desde Washington se le renueva la confianza al país para que este año se sigan persiguiendo, o si se olvidan o si el FMI muestra decisión de presionar al gobierno de Alberto Fernández para obligarlo a un compromiso mayor. En el listado figurarán cuestiones financieras vinculadas a la deuda en pesos, el revalúo inmobiliario, políticas de expansión monetaria y dos capítulos centrales sobre los que, se sabe, el gobierno y el FMI no están de acuerdo ni en formas ni en objetivos. Esto es, la multiplicidad de tipos de cambio y la inflación.